(Especial
Angley Vivas/ Norián Trujillo) Autoridades
rectorales de la UPEL
y decanales del Instituto Pedagógico de Caracas se reunieron este lunes para
evaluar la situación de ocupación ilegal del vivero institucional del IPC,
ocurrida el pasado sábado 25 de febrero en horas de la madrugada por un grupo
de familias que exigen la construcción de viviendas en los espacios
universitarios.
Encabezados por el rector de la UPEL , doctor Raúl López
Sayago, de la directora encargada del IPC, doctora Moraima Esteves, del Consejo
Directivo y de la comunidad ipecista, entre los que se encontraban personal
docente, administrativo, de servicio y estudiantes, analizaron la problemática surgida a raíz de
esta segunda ocupación de espacios en la sede del IPC en El Paraíso.
En tal sentido, el rector López Sayago y la directora
(e) del IPC señalaron que están conscientes de la necesidad de las familias,
pero al mismo tiempo manifestaron que la comunidad ipecista también está siendo
afectada en su recinto académico y en consecuencia se está vulnerando el
derecho a la educación de la población estudiantil.
Por su parte, el rector de la UPEL indicó que desde la
primera ocupación del edificio administrativo se han realizado numerosas
diligencias ante la OPSU ,
el Ministerio de Educación Universitaria y ante la Fiscalía , pero hasta el
momento no ha habido una respuesta satisfactoria. López Sayago aclaró que la
posición de la UPEL
siempre ha sido de conciliación, porque están conscientes del problema de
vivienda que padecen estos venezolanos, pero señalan que la instancia
correspondiente para solucionarlo es el gobierno nacional. “No estamos en
desacuerdo con ellos, pero no estamos en capacidad de atender sus necesidades”,
aseguró.
Indicó que una vez más acudirán a la justicia para
lograr la desocupación de estos espacios institucionales, donde funciona desde
1997 el vivero Efraín Moreno y bioterios con una diversidad vegetal que ha
permitido el desarrollo de proyectos pedagógicos en el área de Educación
Ambiental y otras áreas académicas como biología, botánica, así como
actividades de extensión académica; proyectos de plantas medicinales; el
semillero de árboles frutales y ornamentales y en proceso de construcción
estación experimental, en los que se proyecta la instalación de una estación
biológica, y no permitirán que se realicen confrontaciones violentas. “Son
personas que requieren atención gubernamental y nos negamos a cualquier tipo de
violencia, porque sería contrario a nuestra función pedagógica”.
Al respecto, la doctora Esteves manifestó que las
acciones institucionales procuran la estabilidad académica del IPC. “Queremos
rescatar lo que por derecho nos corresponde, nuestros espacios académicos”, que
son la formación de los de los futuros docentes de este país y tienen la
responsabilidad de formar y educar a la población venezolana.
Por su parte, el consultor jurídico de la UPEL , doctor Gilberto López
Reyes, manifestó que se trata de un despojo por parte de particulares y por
tanto acudirán a la justicia para realizar las acciones legales previstas en el
ordenamiento jurídico. Afirmó que emprenderá acciones ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar, en el marco de protección de
los derechos o intereses colectivos y difusos educativos, el restablecimiento
de la situación jurídica infringida. “Además, vamos a involucrar al Ejecutivo,
a través del vice-presidente Elías Jaua y la Procuraduría General
de la República ,
para que ellos busquen una solución al problema de ocupación de los espacios
del IPC”.
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